“La recaudación por IRPF no creció en 2020, mientras que sí lo hizo en la media de las comunidades autónomas. Y en 2019 evolucionó por debajo de la media del resto de comunidades autónomas de régimen común. Tanto el impuesto sobre sucesiones y donaciones como los tributos sobre el juego y las tasas afectas a servicios transferidos ya se encontrarán previsiblemente por debajo de sus recaudaciones normativas. Eso significa una penalización en el sistema de financiación autonómica”.
Lo recoge el informe del Observatorio Económico de Andalucía para los presupuestos autonómicos de 2023, que cuestiona todo el argumentario del Gobierno del PP, que presume de haber disparado los ingresos impositivos gracias a las sucesivas rebajas fiscales (seis en cuatro años).
“Una vez más, los datos no muestran que las rebajas fiscales se autofinancien. Los principales impuestos cedidos (sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, especial sobre determinados medios de transporte, juegos, tasas…) llevan meses creciendo por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. Los que se imponen sobre el consumo (IVA e impuestos especiales) y el de sociedades (no cedido) también llevan meses creciendo por debajo de la media desde principios de año”, apunta Diego Martínez, que firma el documento de la OEA.
Rebajas fiscales que “nos están costando el dinero”
El riesgo que apunta está en la recaudación normativa. “Cuando hablamos de rebajas fiscales, tenemos que fijarnos en la recaudación normativa del sistema de financiación autonómico, que tiene en cuenta el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales. Es un fondo marxista porque recibe de cada uno según su capacidad y entrega según su necesidad. Pero la recaudación normativa no es lo que está recaudando por los impuestos cedidos realmente una comunidad autónoma. No está bien calculada, de hecho. Con los datos de 2020, la Junta de Andalucía está aportando a ese fondo marxista una recaudación normativa que está muy por encima de lo que recauda. Las rebajas de impuestos nos están costando dinero de esa forma adicional”, resume.
De acuerdo con el informe de la OEA, tanto el impuesto sobre sucesiones y donaciones como los tributos sobre el juego, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y las tasas afectas a servicios transferidos ya se encuentran por debajo de sus recaudaciones normativas. “Eso significa una penalización en el sistema de financiación autonómica en la que parece no repararse. Desde el OEA hemos advertido de esta circunstancia en repetidas ocasiones”, recuerda.
No es que apueste por subir los impuestos sin criterio. Es más considera que deberían revisarse, e incluso eliminarse algunos. La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya valoró en 60.000 millones de euros el volumen de beneficios fiscales en nuestro país que convendría ser evaluado de nuevo en términos de eficacia y eficiencia y a partir de ahí tomar una decisión. “El impuesto sobre las bolsas de tráfico lleva años recaudando 200.000 euros (se prevén 225.000 en 2023), pero las exenciones han llegado a rondar los 15 millones de euros (se prevén casi 9,5 para 2023), por lo que dado que no soporta un análisis coste beneficio y ya se han incorporado comportamientos más medioambientales debería desaparecer”, sugiere.
Hay una merma en los ingresos impositivos por la recaudación normativa
“La disminución del gravamen de los impuestos no produce aumentos de la recaudación por incentivación de una mayor actividad económica”, coincide Pedro Atienza Montero, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla. “La principal justificación económica de la rebaja impositiva aplicada por la Junta de Andalucía, basada en el funcionamiento de la curva de Laffer, no se mantiene en pie. No hay evidencia empírica que mantenga la vigencia de la curva de Laffer”, expone.
En segundo lugar, apunta, “la rebaja impositiva está produciendo un efecto indeseado: su recaudación real se sitúa por debajo de la recaudación normativa, lo que implica una pérdida de recursos por financiación autonómica”. En efecto, desde 1986 “se estableció en la financiación autonómica de régimen común la recaudación normativa” de los tributos cedidos. “Una especie de recaudación objetivo. De forma que si la comunidad autónoma no la alcanzaba, perdía la diferencia entre dicha recaudación normativa y la real. Hoy siguen vigentes las recaudaciones normativas, de forma que si la Junta de Andalucía ha recaudado por debajo, como señala el informe del OEA, efectivamente, queda penalizada porque pierde la diferencia”, explica.
En definitiva, la rebaja fiscal llevada a cabo por la Junta de Andalucía, “además de no producir un aumento de la recaudación impositiva, por el contrario, está produciendo una merma de ingresos por el funcionamiento de la recaudación normativa”, continúa. eldiario
